Reclamaciones al seguro de auto en Perú

El Perú no exige que un juez declare la culpa antes de que se pague a la víctima de un accidente. El artículo 29 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dispone que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, y que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. El Código Civil pone el mecanismo: quien causa un daño mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, está obligado a repararlo (art. 1970), y en el supuesto ordinario de culpa el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor (art. 1969). El reglamento dictado al amparo de la ley extiende la solidaridad a los daños materiales además de los personales, frente a ocupantes y terceros no ocupantes (TUO art. 2, modificado en 2004).

Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con el SOAT — Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Ley 27181 art. 30.1; TUO art. 3). Es un seguro de accidentes personales, no de responsabilidad civil: cubre la muerte y las lesiones corporales de cualquier persona, ocupante o tercero no ocupante (TUO arts. 4 y 28), y la ley lo describe como incondicional, inmediato, de cobertura ilimitada en razón del número de siniestros e insustituible (art. 30.4). Las coberturas mínimas por persona son cuatro UIT por muerte, hasta cuatro UIT por invalidez permanente, hasta una UIT por incapacidad temporal, hasta cinco UIT por gastos médicos y hasta una UIT por gastos de sepelio (TUO art. 29, modificado en 2005). La incapacidad temporal se paga por día a razón de la treintava parte de la Remuneración Mínima Vital hasta ese tope, y las indemnizaciones por muerte e invalidez no son acumulables (art. 30). Para 2026 la UIT es de S/ 5 500. Nada en el régimen obligatorio paga el vehículo dañado.

El SOAT se paga sin averiguar de quién fue la culpa: el artículo 14 del reglamento ordena pagar gastos e indemnizaciones «sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna», bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones, con independencia de la responsabilidad del conductor, del propietario o del prestador del servicio, y de la forma de pago de la prima. Cobrarlo no le cuesta nada a la víctima en la reclamación mayor: no implica reconocimiento ni presunción de culpabilidad y no afecta el derecho a cobrar del civilmente responsable según el derecho común, aunque lo pagado por el SOAT se imputa o deduce de esa indemnización (art. 19). La aseguradora debe pagar dentro del plazo máximo de diez días siguientes a la presentación de los antecedentes que el reglamento enumera: el Formato Registro de Accidentes de Tránsito y, según el caso, el certificado de defunción, el certificado médico o los comprobantes (art. 33). Si la imprudencia de la víctima solo concurrió en la producción del daño, el juez reduce la indemnización según las circunstancias (Código Civil art. 1973); si fue el hecho determinante bajo el supuesto objetivo, no hay obligación de reparar (art. 1972).

Los plazos son cortos por un lado y largos por otro, y no son el mismo plazo. El derecho a solicitar a la compañía de seguros la indemnización del SOAT se extingue dentro del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual del art. 2001 inc. 4 del Código Civil — dos años — y, tratándose de muerte, ese plazo no se inicia hasta que vence el deber de publicación y comunicación del art. 42 (TUO art. 18, sustituido por el D.S. 009-2019-MTC, 13 de marzo de 2019); las aseguradoras deben publicar la relación de las personas fallecidas no reclamadas en un diario de cobertura nacional y en emisoras radiales nacional y local durante dos meses consecutivos. Las acciones fundadas en el contrato de seguro, en cambio, prescriben a los diez años desde que ocurrió el siniestro (Ley 29946 art. 78). Bajo esa misma ley el silencio tiene precio: cuando no existe convenio de ajuste, se entiende consentido el siniestro si la aseguradora no se ha pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de treinta días desde que se completó toda la documentación exigida en la póliza, y el pago vence a los treinta días de ese consentimiento, con un interés moratorio equivalente a uno punto cinco veces la tasa promedio de las operaciones activas (art. 74). Al asegurado le corresponde demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida; al asegurador, las causas que lo liberan (art. 77). El aviso del siniestro se da «en los plazos que para dicho efecto establezca la Superintendencia» (art. 68): el plazo es del regulador y no de la ley, y la resolución que lo fija aún no se ha verificado contra un texto primario, así que aquí no se indica ningún plazo de aviso. Las quejas se presentan ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La pérdida de valor, la cobertura frente a conductores sin seguro y cuál de los plazos de pago rige donde se cruzan el SOAT y la ley del contrato de seguro tampoco se han verificado y no se indican aquí.