Reclamaciones al seguro de auto en Arizona

Arizona resuelve las reclamaciones de tráfico por culpa, y reparte esa culpa con más amplitud que la mayoría de los estados. Lo que la ley obliga a contratar, según el A.R.S. § 28-4135(A)(1), es una cobertura de responsabilidad frente a «the liability imposed by law», y el § 12-2505(A) reparte después esa responsabilidad: si el jurado aplica la negligencia contributiva o la asunción del riesgo, «the claimant’s action is not barred, but the full damages shall be reduced in proportion to the relative degree of the claimant’s fault». En toda la sección no aparece ningún porcentaje, y eso es lo que hace de Arizona un estado de culpa comparativa pura: un conductor declarado responsable en un noventa por ciento recupera todavía el diez por ciento de la pérdida, mientras que en la mayoría de los estados vecinos no recuperaría nada. La única excepción tampoco es un porcentaje: en el mismo apartado no hay derecho a negligencia comparativa «in favor of any claimant who has intentionally, wilfully or wantonly caused or contributed to the injury or wrongful death». Nada en la ley de cobertura obligatoria crea un régimen de prestaciones de primera parte, y en los títulos leídos no se encontró ningún capítulo de seguro sin culpa ni de protección por lesiones personales.

Los plazos judiciales son insólitamente sencillos e insólitamente cortos. El § 12-542 concede dos años desde el nacimiento de la acción para las lesiones a la persona, para las lesiones de las que se sigue la muerte —acción que, dice la propia ley, nace con el fallecimiento del lesionado— y, en la misma enumeración, para el daño causado a los bienes de otro y para la sustracción de sus cosas muebles. Lesiones y daños al vehículo prescriben por tanto a la vez, a los dos años, y no queda un plazo patrimonial más largo al que acogerse. El plazo de tres años del § 12-543 se ofrece a veces para los daños al vehículo; se leyó y no está disponible, porque esa sección trata de la deuda verbal, de las cuentas abiertas y del remedio por fraude o error. Demandar a tu propia aseguradora es otra cuestión, y la respuesta no es el plazo de seis años del § 12-548 para contratos escritos, sino lo que diga tu póliza: el § 20-1115(A) anula cualquier cláusula que impida demandar a la aseguradora pasados seis meses desde el nacimiento de la acción, y cualquier cláusula que reduzca el plazo por debajo de dos años en seguros distintos de los de daños, o por debajo de un año en los de daños, dejando en pie el resto de la póliza. Conviene leer la cláusula de plazo de demanda, porque ese es el plazo que se va a discutir.

El reloj de la aseguradora está en el reglamento del Departamento y no en la ley, y cambia de unidad de un apartado a otro: ahí es donde se equivoca quien lee deprisa. Según el A.A.C. R20-6-801(E)(1), la aseguradora tiene diez días hábiles desde que se le comunica el siniestro para acusar recibo, salvo que pague dentro de esos diez días hábiles; y cada carta posterior del reclamante que razonablemente espere respuesta abre sus propios diez días hábiles (E)(3). La investigación debe completarse en treinta días, días naturales esta vez, «unless the investigation cannot reasonably be completed within 30 days» (F). La aceptación o la denegación vence a los quince días hábiles desde la recepción de la prueba del siniestro debidamente formalizada, por escrito cuando se deniega y citando la cláusula en que se apoya la denegación (G)(1)(a); si hace falta más tiempo, la aseguradora lo comunica dentro de esos mismos quince días hábiles y vuelve a escribir a los cuarenta y cinco días y cada cuarenta y cinco días a partir de entonces (G)(1)(b). En los dos instrumentos leídos no aparece ningún plazo para pagar efectivamente un siniestro ya aceptado: ni en el R20-6-801, leído de principio a fin, ni en el A.R.S. § 20-461. Esa ley no fija ningún número de días, alcanza la conducta solo cuando es lo bastante frecuente para indicar una práctica habitual del negocio, y declara en su apartado (D) que no otorga al asegurado acción privada alguna, sino únicamente un remedio administrativo ante el director.

Sobre coberturas y sobre la obligación de informar, hay dos cifras que se enuncian mal con facilidad. Una póliza emitida o renovada a partir del 1 de julio de 2020 debe llevar al menos 25.000 $ por lesión o muerte de una persona, 50.000 $ para dos o más y 15.000 $ por daños materiales, y esa fecha está escrita en el propio § 28-4009(A)(2)(b); las cifras antiguas de 15/30/10 siguen rigiendo las pólizas emitidas o renovadas el 30 de junio de 2020 o antes y, sin límite temporal, a los autoasegurados con certificado. La cobertura frente a conductores sin seguro o con seguro insuficiente es opcional, y el deber va en sentido contrario al que suele contarse: la aseguradora debe ofrecer cada una de ellas por escrito, en un formulario aprobado por el director y con límites no inferiores a los de lesiones de la propia póliza, y la cobertura entra en la póliza a petición del asegurado nombrado; la página de condiciones particulares, y no una renuncia firmada, «constitutes the final expression of the named insured’s decision to purchase or reject uninsured motorist coverage» (§ 20-259.01(A), (B)). En cuanto a la comunicación del accidente, el deber del conductor conforme al § 28-666(A) se activa solo por lesiones o muerte, sin umbral económico alguno, y debe cumplirse «immediately by the quickest means of communication». La cifra de 2.000 $ que se suele citar pertenece al § 28-667 y es el umbral del informe escrito del agente, que vence en las veinticuatro horas siguientes a que termine la investigación; quien esté implicado en el accidente puede pedir una copia. Si el valor disminuido inherente es indemnizable no lo resuelve ninguna ley ni reglamento de Arizona en los instrumentos leídos, y no pudo abrirse ninguna resolución judicial del estado, así que esta página no afirma nada al respecto.